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Puerto Príncipe.– La masacre perpetrada por pandillas armadas en Kenscoff, a las afueras de la capital haitiana, entre la noche del 23 y el 24 de agosto, sigue dominando la agenda política, humanitaria y diplomática del país. Al menos 47 personas, entre ellas niños, fueron asesinadas; unas 22 resultaron heridas y más de 50 fueron secuestradas. El ataque, atribuido a grupos vinculados a la coalición Viv Ansanm, ha generado una oleada de indignación, desplazamientos forzados y un nuevo llamado de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los asaltantes irrumpieron en viviendas, en un refugio improvisado en una iglesia —donde ejecutaron a decenas de personas— y en zonas cercanas a una estación de policía. Incendiaron casas y provocaron el desplazamiento inmediato de más de 2.600 residentes. Parte de los rehenes, especialmente mujeres y niños, fueron liberados en los días siguientes, pero los líderes de las pandillas amenazaron con matar a los que quedan si las fuerzas de seguridad responden.
La población local responsabiliza a la Policía Nacional de Haití por su incapacidad de proteger la zona y exige la renuncia del jefe policial local. Las autoridades anunciaron investigaciones por posible negligencia o complicidad.
Reunión de emergencia en la ONU y debilidad del dispositivo de seguridad
El 28 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia. El representante especial Carlos Ruiz Massieu calificó los hechos de “atrocidad abominable” y exigió la liberación inmediata de los rehenes, el despliegue acelerado de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU y una mayor coordinación de las fuerzas haitianas. Estados Unidos y otros países miembros insistieron en reforzar el apoyo a esa misión y en endurecer el control del embargo de armas.
Aunque en algunas zonas de Puerto Príncipe la violencia ha disminuido gracias a operaciones policiales, el conflicto se está extendiendo geográficamente. Según datos de la ONU, en el primer semestre de 2026 ya se registraron alrededor de 3.050 muertes vinculadas a la violencia de pandillas. El total de desplazados internos se acerca a 1,5 millones.
Deportaciones estadounidenses en medio del caos
Mientras la crisis de seguridad se agrava, Estados Unidos continúa con los vuelos de deportación tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), ratificado por la Corte Suprema. Entre el 27 y el 28 de agosto llegaron a Cabo Haitiano unos 57 deportados, sumando más de 200 en poco tiempo. Entre ellos hay familias con niños nacidos en el extranjero y personas con antecedentes penales. Las autoridades estadounidenses planean intensificar la frecuencia de los vuelos.
En el sur de Florida se han registrado protestas que critican tanto la inacción del Gobierno haitiano frente a las pandillas como el retorno de personas a un país en situación de colapso.
Impacto humanitario, político y electoral
La masacre de Kenscoff ilustra la capacidad de las pandillas para atacar zonas hasta hace poco relativamente menos afectadas, ejecutar civiles en lugares de refugio y usar a los rehenes como moneda de cambio. La confianza en la policía y en el Gobierno de transición se debilita, mientras la GSF aún no alcanza su despliegue completo ni su eficacia esperada.
Las elecciones generales, previstas para el 13 de diciembre de 2026 tras varios aplazamientos, dependen de una mejora sustancial de la seguridad. Sin ella, el proceso electoral corre el riesgo de perder credibilidad o de ser postergado nuevamente.
A corto plazo, se anticipan más desplazamientos, mayor tensión en las comunidades receptoras de deportados y posibles represalias de las pandillas. A medio y largo plazo, el país enfrenta el riesgo de un estancamiento electoral, el fortalecimiento de grupos de autodefensa, el deterioro humanitario (hambre, acceso a la salud y educación) y la consolidación del control territorial de las bandas sobre rutas estratégicas y economías ilícitas.
La masacre de Kenscoff no es un hecho aislado: confirma que las medidas actuales —esfuerzos policiales nacionales, despliegue parcial de la GSF y presión diplomática— resultan insuficientes para revertir la espiral de violencia, desplazamiento e institucionalidad erosionada. Sin un refuerzo acelerado y plenamente financiado de la asistencia de seguridad internacional, un control más estricto del tráfico de armas y de las redes de financiamiento de las pandillas, y mecanismos creíbles de protección y rendición de cuentas, Haití sigue atrapado en una crisis multidimensional sin un horizonte claro de estabilización.