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SANTO DOMINGO.— Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, cofundador y comunicador de la plataforma ciudadana Somos Pueblo, ha centrado sus más recientes intervenciones públicas en el rechazo a disposiciones del nuevo Código Penal dominicano, que él y sus aliados califican de “Ley Mordaza”. Argumentan que esas normas restringen la libertad de expresión, de opinión y de prensa al imponer cargas de prueba sobre opiniones personales y endurecer las reglas sobre difamación e injuria.
En las últimas jornadas de julio e inicios de agosto de 2026, coincidiendo con la entrada en vigencia del Código alrededor del 3 de agosto, Somos Pueblo impulsó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La plataforma solicitó un tratamiento urgente, al considerar que la norma entraría en vigor antes de la fecha de audiencia inicialmente prevista. El Piro rechazó públicamente los cambios y anunció los pasos legales correspondientes.
Paralelamente, impulsó y abrió el “Festival Mordaza”, un evento cultural y de protesta celebrado entre el 2 y el 3 de agosto en el Parque Ambiental Los Próceres, cerca del Ágora Mall. Con música, freestyle y comedia, la actividad fue presentada como una defensa cívica y pacífica del derecho a expresarse. El Piro invitó a los asistentes a entonar el himno nacional para inaugurar formalmente el encuentro y sostuvo que las opiniones personales no deberían requerir pruebas formales, siempre que no involucren irrespeto o insultos. La cobertura mediática registró asistencia y presencia policial. Las reacciones fueron mixtas: unos elogiaron la defensa de la libertad de expresión; otros consideraron limitado el público o calificaron el acto más de espectáculo que de propuesta de fondo.
El 4 de agosto, El Piro publicó un video en el que se dirigió, con un tono que algunos observadores interpretaron como sarcástico, a la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y al analista y comunicador Aneudys Santos. El mensaje se inserta en un episodio paralelo en el que Santos había formulado comentarios personales agudos sobre la embajadora, incluyendo referencias a su fe. Ella respondió defendiendo la libertad de expresión incluso cuando resulta incómoda, y Santos ofreció posteriormente una disculpa pública. El video de El Piro se enmarca en el clima más amplio de debate sobre los límites del discurso.
El conjunto de declaraciones y el Festival han amplificado la discusión pública y mediática sobre el equilibrio que busca el Código Penal entre la protección de las reputaciones frente a afirmaciones falsas o difamatorias —muchas veces monetizadas en redes— y la salvaguarda de la crítica, el periodismo ciudadano y la opinión. Medios tradicionales, creadores digitales, políticos y ciudadanos se dividen: unos ven en las nuevas disposiciones un límite necesario al contenido irresponsable; otros, entre ellos Somos Pueblo, las consideran instrumentos que podrían amedrentar la crítica al poder, especialmente a la luz de usos previos de la presión legal contra voces disidentes.
La acción constitucional y la presión pública han contribuido a señales previas de posible revisión o diálogo congresual sobre artículos específicos. Hasta el 4 de agosto no se observa un vuelco nacional ni una reversión formal; la entrada en vigor del Código avanzó en medio de la controversia. Somos Pueblo mantiene su línea de monitoreo ciudadano independiente —según reiteran sus voceros— y denuncia sobre otros temas, como corrupción y servicios públicos.
Los partidarios de la plataforma destacan la visibilidad sostenida de un escrutinio cívico al margen de los partidos tradicionales. Críticos, incluidos algunos usuarios en redes, califican el activismo de performativo, de bajo impacto u oportunista, y señalan la asistencia desigual a los actos o una selectividad en las denuncias. El intercambio entre la embajadora y Santos ilustra, a su vez, las mismas tensiones que atraviesa el debate del Código: la defensa de la expresión frente a ataques personales y sensibilidades diplomáticas.
Las intervenciones de El Piro se inscriben en un patrón más largo de activismo de Somos Pueblo contra lo que perciben como amenazas a la expresión y a la rendición de cuentas. En torno al 4 de agosto, el efecto principal ha sido mantener la presión y la visibilidad sobre el nuevo Código Penal, más que introducir argumentos inéditos. Las consecuencias inmediatas se traducen en un debate público más intenso, un proceso constitucional en curso y la continuidad de la presencia digital y callejera de la plataforma, sin evidencia aún de una reversión legislativa o jurídica decisiva. Los efectos a más largo plazo dependerán del fallo del Tribunal Constitucional, de eventuales ajustes congresuales, de la aplicación concreta de las nuevas normas y de si la presión ciudadana se consolida o se diluye. El episodio pone de relieve las tensiones persistentes en la República Dominicana entre la expansión del discurso digital, las protecciones frente al daño y la falsedad, y la desconfianza hacia el poder institucional.