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Santo Domingo, 8 de julio de 2026 — El comunicador y empresario Santiago Matías, conocido como Alofoke, encendió el debate político y mediático al lanzar un fuerte ultimátum al presidente Luis Abinader: modificar o eliminar los polémicos artículos sobre difamación e injuria del nuevo Código Penal o enfrentarse a un llamado de paro nacional e internacional.
El Código Penal (Ley 74-25), promulgado en agosto de 2025 y con entrada en vigor prevista para agosto de 2026, representa una modernización del obsoleto código de 1884 al incorporar figuras como el feminicidio, el sicariato y el ciberacoso. Sin embargo, artículos relacionados con la difamación y la injuria (alrededor de los 208/210 o 308/310) han sido calificados por críticos como una “Ley Mordaza” que podría restringir la libertad de expresión, el periodismo y las denuncias ciudadanas, incluyendo la difusión de videos de interés público como abusos policiales.
Según Alofoke, el plazo de 48 horas —emitido alrededor del 6 de julio— busca presionar al Gobierno para evitar que estas disposiciones criminalicen la crítica y el escrutinio público. “No podemos permitir que se silencie al pueblo”, ha señalado el influyente comunicador, quien cuenta con una enorme audiencia digital, especialmente entre los jóvenes.
Reacción de Luisín Jiménez
El también comunicador Luisín Jiménez respondió rápidamente a las declaraciones de Alofoke. Jiménez indicó que el empresario maneja “información privilegiada” que sugiere que el presidente Abinader estaría dispuesto a posponer la implementación del Código Penal. No obstante, Luisín enmarcó la postura de Alofoke como un escalamiento hacia un posible “levantamiento nacional” si no se atienden sus demandas.
La relación entre ambos comunicadores ha sido históricamente marcada por rivalidades, puyas públicas y ocasionales coincidencias, lo que añade un componente de drama mediático a la controversia.
Impacto en la libertad de expresión y el panorama político
La polémica ha generado preocupación entre periodistas, influencers y organizaciones de la sociedad civil, quienes temen que los artículos en cuestión limiten la difusión de contenidos que afectan la honra o imagen de funcionarios y particulares, afectando el derecho a la información y la denuncia.
Para el Gobierno del presidente Abinader y el PRM, el episodio representa un desafío a su narrativa de “luna de miel” y lucha anticorrupción. Alofoke, con su influencia digital y rumores previos de aspiraciones políticas (“Alo2028”), amplifica las voces críticas desde plataformas no tradicionales.
El Congreso ha mostrado disposición a realizar modificaciones puntuales o incluso un aplazamiento breve de la entrada en vigor de la ley para pulir los puntos más controvertidos. Fuentes indican que se evalúa un posible retraso de varios meses.
¿Qué sigue?
Aunque el lenguaje de “paro” y “levantamiento” usado por Alofoke genera alarma, sus llamados se han centrado en acciones cívicas y de protesta, sin incitación a la violencia. Analistas consideran improbable un escenario de crisis mayor, anticipando más bien negociaciones, revisiones legislativas y presión ciudadana continua.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones en la democracia dominicana: la necesidad de actualizar el marco legal frente a la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, y el creciente peso de las voces digitales frente al poder tradicional.
La situación sigue en desarrollo. Se esperan definiciones del Congreso y posibles respuestas oficiales en las próximas semanas