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MIAMI, Florida — En un giro histórico para la política exterior y la justicia internacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó este miércoles 20 de mayo de 2026 una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro y cinco altos cargos militares de la isla.
El anuncio se realizó en un acto público masivo en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, un sitio de profundo significado para la comunidad del exilio cubano.
La acusación penal responde directamente al derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria “Hermanos al Rescate”, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el Estrecho de Florida.
El ataque, perpetrado por aviones de combate del régimen cubano contra las aeronaves Cessna desarmadas que buscaban balseros en el mar, costó la vida a cuatro personas: Armando Alejandre Jr. (44 años), Carlos Alberto Costa (29 años), Mario Manuel de la Peña (24 años) y Pablo Morales (29 años).
Los cargos y la prueba reina contra el régimen: Según el informe oficial de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, los cargos presentados ante el Distrito Sur de Florida incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato en primer grado.
Junto a Raúl Castro, de 94 años, se imputó a los generales y pilotos militares cubanos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
La pieza central del caso penal de la fiscalía federal es una grabación de audio de 12 minutos de duración en la que se escucha nítidamente a Castro dar la orden directa a los cazas MiG-29 para derribar las aeronaves civiles en aguas internacionales, un hecho que ya había sido corroborado por una investigación previa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Un precedente de máxima presión geopolítica: El Fiscal General en funciones, Todd Blanche, y el Director del FBI, Kash Patel, destacaron que esta acción representa la primera vez en casi siete décadas que la justicia estadounidense procesa penalmente a la máxima cúpula del gobierno de La Habana.
Expertos y analistas legales coinciden en que la posibilidad de una extradición por parte de Cuba es prácticamente nula. Sin embargo, la estrategia de Washington apunta hacia un escenario de máxima presión geopolítica, emulando las acusaciones previas emitidas contra Nicolás Maduro en Venezuela.
Como complemento a la medida judicial, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, difundió un mensaje grabado en español enfocado en la población de la isla, afirmando que la actual dirigencia cubana constituye el único impedimento para una transición democrática y un desarrollo económico real.