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Santo Domingo.- En un nuevo comentario cargado de su habitual tono crítico y analítico, el veterano comunicador y médico Julio Hazim advierte sobre uno de los mayores riesgos para la democracia dominicana: el momento en que la corrupción permea a las propias instituciones y funcionarios encargados de combatirla.
El video, titulado “Cuando la corrupción llega a quienes deben combatirla”, publicado recientemente en el canal de YouTube de Revista 110, forma parte de la línea editorial que Hazim ha mantenido durante décadas: un escrutinio sin concesiones al poder, sea del color político que sea. Con vistas aún modestas, el análisis retoma un tema recurrente en su trayectoria: la captura de los “guardianes” del sistema —fiscales del PEPCA, jueces, procuradores especializados y altos funcionarios— por las mismas prácticas que deberían erradicar.
Hazim, productor de Revista 110 y con una larga trayectoria en radio, televisión y análisis político-social, no se limita a denuncias genéricas. Su argumento central es devastador en su simplicidad: cuando la corrupción alcanza a quienes deben investigarla y sancionarla, se rompe el último dique de contención institucional. En lugar de actuar como escudo, estos actores se convierten en parte del problema, generando justicia selectiva, impunidad selectiva y un descrédito profundo del sistema judicial y persecutorio en su conjunto.
Un patrón conocido en el contexto dominicano
El comunicador ha señalado en múltiples ocasiones cómo la lucha contra la corrupción en República Dominicana suele percibirse como “específica” o dirigida contra determinados sectores, mientras otros permanecen intocados. Ejemplos recientes como los cuestionamientos en torno al caso SENASA (Seguro Nacional de Salud), donde han surgido señalamientos contra fiscales del PEPCA involucrados en presuntos sobornos, ilustran el tipo de dinámicas que preocupan a Hazim: procesos que generan dudas sobre imparcialidad, motivaciones políticas o posibles “chivos expiatorios” mientras los grandes beneficiarios escapan.
“La lucha contra la corrupción es indispensable, pero debe ser imparcial y bien dirigida”, ha reiterado Hazim en distintos comentarios. No basta con operativos espectaculares ni con discursos de “cero tolerancia”; se requiere pruebas sólidas, debido proceso y, sobre todo, que los vigilantes también sean vigilados.
Impacto en la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado
Cuando los ciudadanos perciben que quienes deben investigar y castigar la corrupción están comprometidos o actúan de forma sesgada, el efecto es corrosivo. Se instala un cinismo generalizado (“todos son iguales”), que alimenta la apatía electoral, erosiona la legitimidad del Estado y debilita el contrato social.
En un país donde la percepción histórica de corrupción ya es elevada, este fenómeno agrava la brecha entre el discurso oficial y la realidad percibida. Además, genera consecuencias concretas:
- Impunidad estructural: Los grandes casos quedan sin resolución real o terminan en castigos simbólicos.
- Justicia selectiva: Se persigue a unos por razones políticas o para mostrar resultados, mientras se protege a otros.
- Debilidad institucional crónica: Se daña la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, haciendo que cualquier reforma futura sea recibida con escepticismo.
- Costos económicos y sociales: Menor inversión, evasión fiscal por desconfianza, deterioro de servicios públicos (salud, educación, infraestructura) y perpetuación de la desigualdad, ya que la corrupción redistribuye recursos hacia élites conectadas.
Más allá de los escándalos: la necesidad de reformas profundas
Desde la perspectiva que suele defender Hazim, la corrupción en los combatientes representa el nivel más peligroso porque destruye la capacidad autocorrectiva del sistema. No se resuelve solo con nuevas leyes o entidades; se necesita independencia real, transparencia procesal, rendición de cuentas cruzada y una cultura de integridad que trascienda gobiernos.
Analistas como él insisten en que República Dominicana, al igual que otros países de América Latina, debe pasar de “persecuciones espectaculares” a reformas institucionales de fondo: mayor digitalización de trámites, meritocracia en el sector público, límites estrictos a la discrecionalidad y una sociedad civil y prensa libre que exijan accountability constante.
El mensaje implícito es claro: sin ética en el ejercicio del poder y en quienes lo controlan, el desarrollo sostenible resulta imposible. La corrupción no solo roba recursos; roba esperanza y cohesión social.
En un contexto donde los debates sobre justicia y corrupción siguen polarizando la opinión pública —especialmente en momentos electorales o post-electorales—, comentarios como el de Julio Hazim sirven de recordatorio incómodo pero necesario: cuando la corrupción captura a sus propios fiscales y jueces, el sistema entero está en riesgo de punto de no retorno. La solución pasa por fortalecer mecanismos de control independientes y priorizar pruebas por encima de narrativas políticas.
Sin esos cambios estructurales, los ciclos de escándalos, decepción y descrédito institucional seguirán repitiéndose, cobrándose su precio más alto en la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos.